¡PROTEJAMOS LOS GLACIARES!!

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El proyecto tiene por objeto otorgar un estatuto jurídico de protección de los glaciares, – sobre los cuales nadie podría dirimirán que necesitan de forma urgente ser protegidos – pero lamentablemente lo hace equivocadamente, porque decide investirlos de la calidad de bien jurídico de uso público, en circunstancias que una mejor protección esta dada por el estatuto de patrimonio ambiental de Chile.

En efecto,  celebro que se persiga prohibir expresamente la constitución de derechos de uso sobre los glaciares, pero la técnica legislativa que ha sido utilizada por los emocionantes y quienes han ingresado las indicaciones respectivas no son las mejores para cumplir con ese propósito.

Hago presente un oficio de la Corte Suprema, despachado a requerimiento de esta misma corporación a propósito de la discusión del proyecto de ley que otorgaba un estatuto especial de protección a los Glaciares, y que fuera retirado por los mismos errores que ahora vemos.

El oficio 110-2016, el su considerando 5º, dispuso que: “A su turno, el artículo 4° establece su naturaleza jurídica sindicándolos como bienes nacionales de uso público, en circunstancias que forman parte del patrimonio ambiental de Chile, de modo que su categoría corresponde a la de bienes nacionales, conforme el inciso 1° del artículo 589 del Código Civil, dado que su uso no lo puede disponer la autoridad. Así, entonces, los glaciares no son un bien explotable, bajo ningún respecto.

Conforme a lo anterior, los glaciares no pueden ser considerados simplemente como reserva de agua dulce y entregar a la Dirección de Aguas su supervigilancia, labor que debería ser de cargo, a lo menos, del Ministerio del Medio Ambiente, en tanto se crea un servicio especial al efecto [Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, Boletín 9.404-12, artículo 6°, letras c) y h)], siendo una consecuencia deseable de su inclusión en la lista que se crea al efecto, que respecto de ellos quede prohibida cualquier actividad económica, incluso el turismo”.

En este orden de ideas, y aunque ésta sentencia versa sobre otro proyecto, podemos aplicar el mismo razonamiento al actual proyecto en debate.

Existe el justo temor de, por querer proteger a los glaciares con la urgencia que requieren, no lo estemos haciendo de la mejor de las formas. Esto porque el proyecto les otorga la categoría de bienes de uso público (como el agua líquida que consagra el art. 5 del C.Agua), en desmedro de su naturaleza de bien nacional del patrimonio ambiental, cuyo marco normativo es más restrictivo que el de los bienes de uso público, ya que son recursos INDISPONIBLES para la autoridad, es decir, que en ningún caso pueden ser explotados o cedidos.

Es más, los bienes de uso público pueden, por disposición expresa de la Constitución, en su art. X, ser sujetos de concesiones, es decir, constituir derechos sobre ellos, por lo que es muy probable que de aprobarse este proyecto pueda terminar en el Tribunal constitucional, porque no va a faltar el empresario con intereses directos que recurra de inconstitucionalidad, con altas probabilidades de ganar, ya que estamos limitando la constitución de derechos sobre bienes de uso público que, constitucionalmente, están permitidos.

Entonces, hago un llamado a mejorar el proyecto, propongo que vuelva a comisión y pueda mejorarse en aquello que hace falta, para otorgar un marco jurídico protector adecuado a los glaciares de nuestro país.

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