Diputado Luis Rocafull rechaza excesiva presencia policial en consulta indígena en el poblado de Codpa

Comparte en tus Redes

El diputado por Arica y Parinacota, Luis Rocafull,  rechazó la “excesiva presencia policial” en el poblado de Copda, comuna de Camarones, donde se está realizando la consulta indígena con comunidades quechuas y aymaras.

A juicio del parlamentario es “incomprensible e indigna ver como las autoridades de este gobierno envían a un gran contingente de Carabineros a un pueblo pequeño, sin razón alguna”.

“Las comunidades indígenas de Arica y Parinacota siempre han estado dispuestas al dialogo ante todo y son un tremendo aporte a la Región. Por lo tanto, no corresponde la alta cantidad de personal policial vigilando esta consulta”, dijo Rocafull.

Sobre este mismo tema, el parlamentario por Arica y Parinacota, agregó que “esto habla de la inconsecuencia del gobierno y del Presidente Piñera, que por un lado hablan de dialogo y, por otro, presionan a los pueblos originarios”.

“A mi juicio, esta es una clara señal de presión para que los pueblos quechuas y aymaras, respalden las 11 medidas del gobierno, sin  poder disentir. Eso es inaceptable y por eso hemos enviado un oficio al Ministerio del Interior para que respondan por esta abierta provocación”, finalizó Luis Rocafull.

Comunicado público

“En fecha 25 de Mayo del 2019, en la ciudad de Arica, laorganizaciones y comunidades aymaras y quechuas de los pueblos precordilleranos y cordilleranos, de los valles del área urbanaabajo firmantes, en el marco de la Consulta Indígena que busca modificar la Ley Nº 19.253, conocida como ley indígena”, manifestamos lo siguiente: 

Rechazamos la Consulta Indígena en la región de Arica y Parinacotaimpulsado por el presidente Sr. Sebastián Piñera, a través del  Ministerio de Desarrollo Social, mediante Resolución Exenta N° 241 de fecha 03 de Abril del 2019, donde ha propuesto 11 medidas que buscan modificar la Ley Indígenapor ser un acto, con un claro fin ideológico, que solo busca instalar y profundizar el modelo neoliberal económico extractivista en nuestras tierras indígenas, beneficiando solo alograndes sectores económicos transnacionales ynacionales existentes en el país.

Es un acto de mala fe del gobierno, ya que se fundamenta en un “Acuerdo Nacional por la Paz y el Desarrollo por la Araucanía”, realizado el 24 de Septiembre del 2018, donde el pueblo aymara y quechua no participaron, ni tampoco los demás pueblos, solo participaron órganos públicos, sectores económicos, y un grupo de mapuches afines al gobierno, los cuales acordaron 11 medidas para modificar la Ley Indígenasiendo un hecho totalmente espurio y carente de toda legitimidad.

El gobierno ha utilizado este “Acuerdo Nacional” para convocar a una Consulta Indígena, siendo los temas a consultar estas 11 medidas, haciéndole creer a la opinión pública, que estas medidas representan una demanda de todos los pueblos originarios de este país. El Pueblo aymara y quechua nunca ha planteado como demanda la modificación de la ley Indígena al actual gobierno, solo se ha demandado las reformas al Código de Minería, Código de Aguas y Ley de Concesiones Geotérmicas, por lo tanto esta consulta indígenaes un acto arbitrario e ilegal.

Asimismo, estas 11 medidas tiene el fin de eliminar la integridad territorial de las tierras indígenas de las comunidades aymaras y quechuas de nuestra región, fomenta la división de las tierras  indígenas para incorporarlas al mercado de bienes inmuebles comunesdándole unacondición de propiedad privada individual de esta manerafacilitar la intervención de proyectos de inversión en tierras indígenas, en materia de minería, monocultivos, geotérmicas, forestales y energía. 

Además, las medidas van en contra del reconocimiento y la reivindicación territorial que actualmente demandan las comunidades aymaras y quechuas en la región, donde el actual Gobierno no ha tenido voluntad política para reconocer,ni delimitar y dar protección efectiva a la propiedad y a la posesión de los territorios que tradicionalmente han ocupado,incumpliendo el Convenio 169.

La falta de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, de los derechos territoriales y ahora esta modificación a la ley indígena solo ratifican la doctrina de la negación que realiza el Gobierno en materia territorial, desconociendo el “dominio por preexistencia o ancestralidad”, con el fin de que las tierras indígenas pierdan la dimensión colectiva y comunitaria que poseen.

Esta modificación a la ley indígena es un retroceso y contraviene el espíritu de la ley indígena en materia de protección de las tierras indígenas, desnaturalizando su esencia, señalados en los artículos 12, 13, 20 y 22, también lo establecido en el Convenio 169 en materia de tierras y contravienen lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de tierras y territorios indígenas, donde ha sostenido que los estados deben “respetar la especial relación que los miembros de los pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio”.

A la vez,vulnera la estrecha relación que tienen las comunidades con la tierra y pone en riesgo nuestras culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica, siendo un elemento material y espiritual del que gozan actualmente las comunidades aymaras y quechuas con el fin de preservar su legado cultural y transmitirlo a lasgeneraciones futuras.

Las consultas indígenas se han convertido en meros tramites, donde se ha impuesto unilateralmente la posición del gobierno de turno, excluyendo la posición del pueblo aymaray quechua de esta región, y que solo han significado la disminución de los derechos ya adquiridos en la ley indígena,en Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *